La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso de la República aprobó por mayoría el informe de calificación que declara procedente la denuncia contra la congresista Lucinda Vásquez Vela, integrante del Bloque Magisterial de Concertación Nacional (BMCN), por la presunta contratación de familiares en su despacho parlamentario.
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La decisión fue adoptada durante una sesión presidida por el congresista Alex Paredes (BMCN), quien encabeza la comisión. El informe recibió 11 votos a favor y 2 abstenciones.
Informe señala presuntas faltas al Código de Ética Parlamentaria
Según el documento aprobado, se habrían infringido disposiciones del Código de Ética Parlamentaria y de su Reglamento. “La comisión considera que existen suficientes elementos de convicción que ameritan pasar a la etapa de investigación, a fin de determinar si las acciones de la congresista denunciada habrían infringido las normas de ética parlamentaria”, se señala en el informe.
La denuncia tiene como base un reportaje periodístico que atribuye a la legisladora la presunta contratación de tres familiares como personal de confianza en su despacho. Uno de ellos, además, se habría presentado como trabajador del Congreso ante diversas instituciones.
También se mencionan declaraciones de extrabajadores que habrían denunciado presuntos requerimientos de dinero destinados a donaciones realizadas en nombre de la parlamentaria.
Comisión de Ética también resolvió otras denuncias
En la misma sesión, la Comisión de Ética declaró improcedente la denuncia contra el congresista Luis Aragón Carreño (Acción Popular), relacionada con una presunta intención de modificar los estatutos internos del Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú. La denuncia fue archivada por mayoría.
De igual forma, se rechazó de plano la denuncia contra el congresista José Elías Ávalos (Alianza para el Progreso) por presuntamente haber emitido expresiones ofensivas contra el prócer José Bernardo Alcedo y sus descendientes.
Asimismo, se reconsideró la votación que abría una denuncia de oficio contra el congresista Ernesto Bustamante Donayre (Fuerza Popular) por frases presuntamente discriminatorias hacia las mujeres, archivándose finalmente el caso.
Por otro lado, se declaró infundada la denuncia contra el congresista Edwin Martínez Talavera (Acción Popular) por supuestamente haber intercedido ante la procuradora de la Municipalidad Provincial de Camaná en un caso de desalojo. El informe final concluyó que la comunicación realizada no tuvo un carácter coercitivo ni buscó beneficiar a una persona en particular.
