Este miércoles, Andrés Hurtado, más conocido como «Chibolín», fue trasladado al penal Ancón II tras la orden de 18 meses de prisión preventiva emitida en su contra. El presentador de televisión enfrenta serias acusaciones que lo mantienen bajo investigación por delitos de tráfico de influencias y cohecho activo.
Traslado a Ancón II y proceso de clasificación
Después de que el Juzgado de Investigación Preparatoria dictara la prisión preventiva, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) inició el traslado de Hurtado desde la Prefectura de Lima hasta la carceleta del Poder Judicial para cumplir con los protocolos de registro biométrico. Posteriormente, fue llevado al penal Ancón II, donde se llevará a cabo la clasificación penitenciaria que determinará su destino final.
Elio Riera, abogado de Andrés Hurtado, explicó que la clasificación final se conocerá en un plazo de 48 horas. «El INPE evaluará la situación del señor Hurtado en uno o dos días, y se tomará una decisión sobre el penal donde cumplirá la medida», detalló el defensor legal.
Elio Riera, abogado de Andrés Hurtado “Chibolín”: Nos corresponde presentar el recurso de apelación en el más corto plazo a la prisión preventiva por 18 meses
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— Canal N (@canalN_) October 2, 2024
Estado de salud y apelación
El abogado de Chibolín también informó sobre el estado emocional y físico del presentador. «Su salud no es la mejor y se encuentra afectado anímicamente por esta situación. Estamos trabajando para presentar el recurso de apelación correspondiente», señaló Riera, quien espera revertir la medida cautelar impuesta.
Motivos de la investigación contra Andrés Hurtado
Andrés Hurtado enfrenta investigaciones por su presunta participación en tres casos de tráfico de influencias y cohecho activo. Uno de los casos más relevantes está relacionado con la devolución de oro a la empresa de Javier Miu Lei. Además, el empresario Jimmy Pflucker, accionista de Paltarumi SAC, denunció al presentador por presunto soborno a cambio de favores judiciales.
Otro de los casos que involucra a Hurtado está vinculado con un supuesto pago de 100 000 dólares para que la fiscal Elizabeth Peralta detuviera la investigación contra la empresa Quantico Servicios SAC, propiedad de los hermanos Siucho.
